Las empresas que hoy en día quieren ser competitivas buscan desarrollar sus actividades en nuevos mercados que cada vez son más globales, con lo que resulta imprescindible la realización de inversiones para proteger las nuevas tecnologías en el extranjero.
Últimamente han ido apareciendo noticias que hacen presagiar la entrada en vigor de la nueva Patente de la Unión Europea, un procedimiento que se lleva esperando con ansia, pero con mucho temor por los cambios que puede provocar en el mundo de las patentes a nivel europeo.
Desde hace tiempo se ha buscado la forma de agilizar y abaratar los procedimientos existentes de protección, ya que las empresas, sobre todo las PYMES tienden a prescindir de estos procedimientos por su excesivo coste.
En los años setenta 9 países, que entonces formaban la Unión Europea, decidieron crear una patente común para todos los estados miembros. Para ello, se iniciaron dos líneas de actuación. Una de ellas suponía la creación del procedimiento de tramitación, el cual acabó formando la actual Oficina Europea de Patentes (EPO). La otra, intentó avanzar en la validez de la patente concedida, pero tuvo que ser abandonada por falta de acuerdo.
De todos aquellos esfuerzos, encuentros y desencuentros, salió lo que hoy en día se conoce como Convenio Europeo de Concesión de Patentes, al cual pertenecen 38 países europeos, entre ellos todos los estados miembros de la Unión Europea, en el marco del cual se desarrolla la actual Patente Europea.
Este procedimiento de concesión de patentes se lleva a cabo ante un único organismo, la Oficina Europea de Patentes en Munich, Alemania. No obstante la Patente Europea se divide en un conjunto de patentes nacionales, cada una de ellas regulada por el Derecho interno de cada país, con lo que se requiere validar la Patente Europea otorgada en cada uno de los países miembros que pudieran ser de interés para el titular de la patente.
Precisamente esta fase de tramitación puede resultar muy costosa, ya que conlleva costes de traducción, de tasas y gastos de representación en cada uno de los países elegidos. Además, en los primeros años del procedimiento de concesión es necesario tomar importantes decisiones comerciales, como el ámbito de desarrollo comercial, que muchas veces pueden ser arriesgadas por el desconocimiento de la evolución del mercado, pues solo se dispone de un tiempo limitado para realizar las gestiones y una vez acabado el plazo previsto, ya no es posible extender la Patente Europea a otros países, en los cuales pasa al dominio público.
En 2008 se realizó un intento de reducir los costes de las traducciones correspondientes mediante el Acuerdo de Londres, por el que varios países miembros de la EPO renunciaron a exigir la traducción completa, o redujeron este requisito solamente a las reivindicaciones. No obstante, el gasto de las traducciones sigue siendo importante y la mayoría de las PYMES se ve obligada a validar su Patente Europea en un número de países miembros muy limitado, por la falta de recursos económicos.
¿La solución? Nadie la conoce a ciencia cierta, pero la idea de la creación de la nueva Patente de la Unión Europea parece ser idónea para la reducción de estos costes, ya que se crearía un título unitario de propiedad industrial, válido para toda la Comunidad y no sería necesario llevar a cabo los trámites a niveles nacionales. Otra idea paralela que completa lo anterior y que ya hace tiempo que se lleva contemplando es la creación de un tribunal competente en litigios relativos a las patentes europeas y comunitarias.
No obstante, un inconveniente de este procedimiento de Patente de la Unión Europea, es que las patentes se concederían en uno de los tres idiomas oficiales de la EPO (inglés, francés o alemán), pero ya no serían traducidas a los idiomas nacionales como hasta ahora, con lo que el emprendedor se encontraría ante la situación de poder estar afectado por patentes publicadas en un idioma extranjero que no conoce.
Es por ello que la creación de este procedimiento se encuentra bloqueada desde hace tiempo, ya que para su aprobación se requiere la unanimidad de todos los países miembros y España e Italia la vetan por considerar que discrimina al español y al italiano.
Para sortear este veto, un total de 12 países europeos solicitaron la “cooperación reforzada”, la cual permite avanzar en la integración de la Patente de la Unión Europea sin la necesidad de obligar a los países miembros que no estén de acuerdo con el proyecto. De esta forma, una vez aprobado, España se quedaría fuera y las compañías europeas que quisieran proteger sus invenciones en España, deberían seguir registrando sus inventos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, como se viene haciendo hasta ahora. No obstante, esta solución no impediría que las compañías españolas que quisieran competir en el mercado europeo aceptaran el nuevo régimen y patentaran conforme al nuevo procedimiento en una de las tres lenguas.
Además esta línea de actuación de creación de la Patente de la Unión Europea, fue interrumpida por el reciente Dictamen del Tribunal de Justicia (8 de marzo de 2011), el cual afirmó que el sistema unificado de resolución de litigios sobre patentes en el que se integra el Tribunal europeo y comunitario de patentes no es compatible con las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En estos momentos estamos a la espera de noticias nuevas al respecto.
Sin embargo, desde la perspectiva de consolidación del mercado europeo, la Patente de la Unión Europea constituiría un paso muy útil para la creación de un auténtico Mercado Interior. Ayudaría a animar la investigación, el desarrollo y la innovación, aumentando la competitividad europea. Cabe señalar que actualmente, la Patente Europea es considerada 10 veces más cara que la Patente de los EE.UU debido principalmente a los costes de validación y traducción. La reducción de tasas permitiría a las PYMES proteger sus invenciones en todo el territorio de la Unión Europea, lo que representaría un gran paso adelante, ya que actualmente es necesario seleccionar los países donde explotar la invención, dejando abierta la posibilidad de explotación por parte de terceros en los países no cubiertos por la patente.
¿Merece la pena defender el régimen lingüístico? En el año 2009 las empresas españolas solo solicitaron alrededor del 1% de las patentes europeas. La reducción de costes y la facilitación del procedimiento podrían ayudar a aumentar este porcentaje, ya que hoy en día, en este mundo en el que es tan importante el conocimiento, la tecnología e innovación, la correcta gestión de los derechos de propiedad industrial, entre ellos las patentes, es el motor del desarrollo del tejido industrial y al mismo tiempo del país y de toda la sociedad, y en este movimiento hacia el fortalecimiento tanto España como Europa necesitan aunar esfuerzos para la creación de proyectos comunes.
